Vivienda y urbanismo

El incremento del precio de la vivienda en los últimos 8 años ha sido de un 150%,
en contraste con un incremento salarial neto del 34,5%. Esta evolución perjudica
gravemente a toda la ciudadanía porque dificulta el acceso a una prestación recogida
en la Constitución y tan básica como la vivienda, pero especialmente a los sectores
económicamente más vulnerables como los jóvenes, los mayores y las familias con
pocos recursos (núcleos monoparentales, familias numerosas, etc.). En algunos
casos, los brutales aumentos de precio amenazan con relegar a la exclusión social a
algunos de estos segmentos de la población, con la consiguiente erosión del tejido y la
cohesión social.
Queremos hacer accesible la vivienda a los sectores con mayores dificultades,
singularmente los jóvenes en su emancipación y otros sectores con dificultades; y
evitar que la vivienda sea daño colateral de otras problemáticas (como la financiación
local) o se convierta en objeto de especulación. Para ello, consideramos esencial
fomentar la transparencia en el mercado inmobiliario, realizar un mayor esfuerzo
público en materia de vivienda social y apostar por el desarrollo de la cultura del
alquiler, de forma que España equilibre los porcentajes de alquiler y propiedad.

Fomentaremos la utilización racional del suelo con sujeción a las
necesidades reales de la demanda en función el crecimiento de la
población, según un modelo compacto sustentable de acuerdo con
las recomendaciones de la Conferencia de Río. A tal efecto se fijará
para cada municipio el esponjamiento máximo del suelo urbanizable
admisible en las revisiones de su planeamiento general, en función de
las proyecciones de población y de actividades, con aplicación de los
estándares adecuados a nuestro nivel de desarrollo para la reserva
obligatoria del suelo destinado a equipamientos y dotaciones,
servicios técnicos, espacios libres y zonas verdes.
􀂃 Impulsaremos la transparencia en los procesos de recalificación del
suelo, mediante la presencia de particulares, miembros de la
judicatura y representantes de Administración local y autonómica en
los órganos responsables; y garantía de que las plusvalías generadas
por las recalificaciones recaigan sobre la ciudadanía.

Potenciaremos la publicación periódica, y la llegada efectiva de esos
datos a la ciudadanía, de tablas de precios de solares y viviendas por
zonas para que sirvan como referencia de compradores y
vendedores, a cargo de tasadores oficiales. Consolidaremos e
impulsaremos los sistemas que permitan la relación directa entre
comprador y vendedor (o entre arrendador e inquilino).

Promoveremos la creación de órganos técnicos comarcales o
provinciales, adscritos al Departamento de Vivienda del Gobierno,
que asuman competencias efectivas en materia de urbanismo y las
ejerzan conjuntamente con los ayuntamientos.

Incentivos para el alquiler: estableceremos deducciones fiscales
significativas (del 20% o hasta 2000 euros, en función de la renta) en
el tramo autonómico de la declaración de IRPF para los inquilinos;
mejoraremos las garantías jurídicas para los arrendadores por las
obras que emprendan en su propiedad.

Vivienda social
􀂃 Desplegaremos un programa de vivienda social para construir 50000
pisos protegidos de alquiler, destinados a sectores
sociales específicos como jóvenes, familias monoparentales con renta
baja, familias numerosas u otros grupos socialmente vulnerables.